El ámbito internacional
En la década más reciente, un número sin precedente de países han adoptado
leyes de acceso a la información y transparencia, llegando a más de cuarenta en
la actualidad, y con cerca de otro número igual en proceso de aprobación. En
gran medida esto ha sido resultado de la iniciativa de organizaciones no
gubernamentales y académicas, así como de organismos multilaterales. El punto de
partida general ha sido que la información confiable y oportuna es crítica para
la credibilidad de los gobiernos, y la transparencia contribuye a la eficiencia
de los mercados y las políticas públicas, en un contexto de globalización
económica. Para atraer inversión tanto nacional como extranjera, gobiernos y
empresas deben mostrar sus estados financieros al público, para generar
confianza y certidumbre y atraer capitales. El potencial de desarrollo económico
de un país esta fuertemente ligado con prácticas de transparencia.
Los estudios del Banco Mundial (BM) muestran que las instituciones de
gobierno transparentes tienen un impacto positivo sobre el crecimiento de la
economía y el logro de objetivos de desarrollo social. Los países con
instituciones gubernamentales transparentes tienen regulaciones y procedimientos
claros, y han generado un estado de derecho efectivo en donde se protege a la
ciudadanía y a la propiedad privada, y en donde existen instancias externas de
rendición de cuentas.
Este desarrollo institucional se puede lograr sin necesariamente tratarse de
un país “modernizado” o con altos ingresos, es decir, no son característica de
los países “ricos”. Las reformas económicas y sociales estructurales que
requieren muchos países necesitan de un gobierno “eficiente, responsable y
transparente”, con mayor participación ciudadana.
Esto permitirá una mejor y más rápida respuesta a los retos de la
democratización y la rendición de cuentas, la globalización económica, la
descentralización del poder a niveles locales, y la corrección de los
desequilibrios sociales.
En lo que se refiere a otros organismos internacionales, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) pone énfasis en la transparencia de la información sobre
asuntos fiscales en los distintos países, como medida para reducir la
vulnerabilidad ante crisis y fluctuaciones económicas, al favorecer la
credibilidad y certidumbre en las políticas públicas y los mercados financieros.
En 1999 publicó el “Código de Buenas Prácticas y Transparencia en la Política
Fiscal”, y el “Código de Buenas Prácticas y Transparencia de las Políticas
Monetarias y Financieras”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve
la difusión de prácticas de transparencia, así como la cooperación en el combate
a la corrupción de sus Estados miembros, y en el año 2000 organizó la
“Conferencia sobre Transparencia y Desarrollo en América Latina y el Caribe”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve
entre los gobiernos de sus países miembros un enfoque pro-activo en la solución
de las demandas sociales. Se debe ganar la confianza de los ciudadanos,
ofreciendo alternativas de políticas públicas, democracia y transparencia. El
acceso a la información pública y la participación en el proceso del diseño de
políticas públicas son aspectos esenciales de la gobernanza. Para garantizar la
transparencia, es conveniente la existencia de un marco legal que le de
sustento. La participación ciudadana es fuente de ideas y recursos para mejorar
la toma de decisiones. Ambos contribuyen a la construcción de la confianza
pública en las instituciones de gobierno, mejorando la calidad de la democracia.
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